Reclamos territoriales a San Juan reavivan disputas limitrofes
La provincia de San Juan está en el centro de una tormenta territorial que ha reavivado viejos conflictos limítrofes. Por un lado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha intensificado un reclamo histórico sobre el proyecto minero Vicuña, el más grande de cobre en el país, con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares. Este proyecto también está relacionado con el Parque Provincial Ischigualasto, conocido popularmente como el Valle de la Luna. Por otro lado, la frontera con San Luis sigue siendo un tema sin resolver en más de 3.000 kilómetros cuadrados, donde miles de personas se consideran sanjuaninas aunque viven en una especie de limbo administrativo.
Este conflicto entre La Rioja y San Juan tiene sus raíces en 1968, cuando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía estableció la Ley Nacional 18.004, que delimitó los límites interprovinciales. Esta ley asignó territorios como el cerro El Potro y el Valle de la Luna a San Juan, aunque históricamente se habían considerado de La Rioja.
Durante décadas, la situación fue pacífica, pero en 2018, La Rioja empezó a reclamar participación en las regalías del proyecto Josemaría. La discusión evolucionó de un simple conflicto territorial a una lucha económica relacionada con el empleo y la distribución de beneficios.
En abril de 2026, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que paralizó el proyecto Vicuña por 30 días, prohibiendo el uso de rutas en territorio riojano, lo que afectó el acceso al campamento Batidero en San Juan. La decisión se basó en que no había un Informe de Impacto Ambiental aprobado por La Rioja, dado que la mina está a solo 1,5 kilómetros del límite provincial.
En este contexto, Quintela apoyó el fallo judicial y reabrió el debate sobre los límites. Su argumento principal es que la Ley de 1968 carece de legitimidad democrática ya que fue firmada por gobernadores de facto y nunca ratificada por un Congreso en plena vigencia. “Necesitamos oportunidades laborales para los riojanos y una participación proporcional en los servicios”, expresó Quintela, sugiriendo que San Juan debería retener el 80% de los puestos de trabajo y La Rioja el 20%.
Aunque este reclamo no es novedoso —Carlos Menem lo había planteado en 2010—, Quintela busca ahora revisar cuatro puntos clave: redefinir la frontera, una participación económica, sumar proveedores locales y explorar esquemas de administración compartida.
“La ley es la ley”
La respuesta en San Juan fue rápida y mayoritariamente en contra. El gobernador Marcelo Orrego dejó claro que la jurisdicción de San Juan está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. Aseguró que “los recursos en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los defenderemos con la ley”.
Desde su perspectiva, los límites fueron reafirmados democráticamente. Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, como Fredi Varas, mencionan que el acuerdo de 1968 fue ratificado en 1973 y confirmado en 2014, lo que añade peso a la posición sanjuanina.
La Cámara de Diputados de San Juan expresó un “enérgico repudio” a los dichos de Quintela, acusándolo de intromisión en los asuntos internos de la provincia. El diputado nacional José Peluc fue particularmente duro, tildando las declaraciones de Quintela como una “política antigua” y sugiriendo que buscaba atención mediática.
Mientras tanto, la Justicia sanjuanina tomó cartas en el asunto y ordenó reanudar las actividades en Vicuña, protegiendo el proyecto de cualquier intervención externa. La empresa detrás del proyecto, Vicuña Corp., está operando en cumplimiento con los marcos legales vigentes.
El conflicto que no existe en los mapas escolares
Inesperadamente, San Juan enfrenta otro conflicto limítrofe, este con San Luis, por más de 3.000 kilómetros cuadrados en el departamento 25 de Mayo, zona que incluye las Lagunas de Guanacache. A diferencia de la disputa con La Rioja, aquí hay una población que se siente sanjuanina. Estas personas utilizan servicios de salud, educación y caminos de San Juan, aunque no pertenecen formalmente a ninguna de las provincias.
“La gente se autodefine como sanjuanina”, afirma Hugo Tejada, de la Universidad Nacional de San Juan. Este conflicto, sin una definición clara, se ha prolongado sin una solución a la vista. Mapas elaborados por el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro de San Juan reclaman estos espacios, pero el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional tiene otra medida. Esto genera confusión y contradicciones en las representaciones territoriales.
El origen del desacuerdo remonta tiempos de imprecisiones en las mediciones, y actualmente no hay leyes que definan la frontera; se trata de un vacío que debería resolverse mediante acuerdos políticos. En el fondo, muchos creen que es momento de dejar de lado las disputas y buscar una salida para avanzar juntos en el desarrollo económico de la región.